Crónica Viernes 23 de Septiembre: “Usted no venga a averiguar más porque la vamos a hacer boleta como lo hicimos con su hermano”

• por Fabiana Cruz y Hugo Hernán Díaz para el Diario del Juicio

"El Tuerto Horror Show"

PH Elena Nicolay

Por videoconferencia y desde la provincia de Buenos Aires, Elena Trinidad Miranda prestó declaración ante el Tribunal Oral Federal. En el año 1975 vivía en la Banda del Río Salí, al lado de la casa de uno de los imputados: Roberto Heriberto Albornoz. Un día durante el mes de junio Elena llegó a su casa, encontró todo revuelto y en las paredes había sangre y pelos, que luego corroboró que estos le pertenecían a sus dos hermanos: Héctor Miguel Miranda y José Esteban Miranda. Quien había estado presente durante el secuestro, fue la madre de los hermanos Miranda, uno de los captores le dijo en aquel momento: “olvídate de tus hijos, porque nunca más los vas a ver vivos”.

Durante su secuestro, Héctor estuvo en la Escuelita de Famaillá, luego en la Jefatura de Policía, y finalmente en la cárcel de Villa Urquiza. En todos estos lugares fue salvajemente torturado y su detención duró seis años. José Esteban Miranda, fue también trasladado a la Escuelita de Famaillá y torturado por los militares, su cautiverio duró 45 días.

Elena Miranda contó que a su hermano José Esteban ya lo había detenido en reiteradas ocasiones “el tuerto” Albornoz, y que le hacía interrogatorios en los que la principal pregunta era dónde se encontraba ella (Elena). Los tres hermanos eran dirigentes barriales, militantes del Peronismo de Base; “queríamos sacar a la gente de sus miserias, reivindicarlos” comentó la mujer ante el juzgado.

Crónica Jueves 22 de Septiembre: Pesadillas de agosto

• por Exequiel Arias para el Diario del Juicio

PH Archivo Operativo Independencia - Gentileza Archivo Nacional de la Memoria

La familia Lobo dormía cuando los militares llegaron al domicilio donde vivían, un caserón cerca de los cañaverales. Tumbaron la puerta de una patada y, en medio de gritos e insultos, despertaron a todo el mundo. Sentado ante el tribunal, Juan Carlos Lobo recordó que, en medio de la oscuridad y el aturdimiento, sólo alcanzó a ver dos personas encapuchadas que lo golpearon en la cama, le vendaron los ojos y lo maniataron. Por su parte Carmen, su hermana, relató que fue sacada violentamente de su dormitorio junto a su hermana y su madre. “Esa noche se llevaron a mis cuatro hermanos, a mi primo y a mi papá, Nicolás Lobo”.

Juan Carlos y Carmen Lobo vivían en San Rafael, Lules. La noche del 10 de agosto de 1975 fuerzas uniformadas y vestidas de civil irrumpieron en el domicilio donde vivían. Carmen le contó al Tribunal que uno de los intrusos le apuntó a su mamá con un rifle, otro le arrebató su monedero y otro derribó de una piña a su hermana, María Mercedes. El resto se dedicó a registrar el domicilio: “dieron vuelta toda la casa”, recordó.

“Yo creo que nos tuvieron en la base militar que estaba en el Ingenio Lules”, narró Juan Carlos. El testigo aclaró que en ese lugar sólo reconoció la voz de su primo: no supo nada del resto de sus familiares secuestrados esa misma noche. Juan Carlos relató que, mientras estuvo allí, fue interrogado sobre los "guerrilleros" y picaneado en todo su cuerpo. También recordó que, en ese mismo lugar, escuchó a otras personas quejarse y gritar.

Crónica viernes 16 de Septiembre: Padres, hermanos, primos, abuelos. El universo familiar desaparecido

• por Sofía Romera Zanoli y Hugo Hernán Díaz para el Diario del Juicio

PH Elena Nicolay

El 4 de abril de 1975, a horas de la noche Ángel Abelardo Rojas fue secuestrado por el Ejército de la puerta de su domicilio, en la ciudad de Monteros. Su hijo, también llamado Ángel Abelardo relató al Tribunal Oral Federal de Tucumán, que lleva adelante el megajuicio Operativo Independencia lo que sucedió aquella noche.

“Llegó una patrulla del Ejército de donde se bajaron cuatros hombre con armamento militar. Mi padre, que en ese momento estaba en casa, salió hablar con esa gente. Luego ingresó, me dijo que los iba a acompañar y se fue. Me quedé dormido y horas más tarde volvió. Estaba muy golpeado, en especial la pierna derecha. Esa fue la última vez que lo vi”, contó Ángel Abelardo (h).

Al día siguiente Ángel Abelardo (p) fue secuestrado nuevamente y asesinado de un tiro en la boca por el capitán Martínez de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el capitán Juan Carlos Jones Tamayo y el teniente primero Fernando Luís Labayru del Grupo de Artillería de Montaña 5 de Jujuy, estos tres militares eran conocidos como “El Escuadrón de la Muerte”.

“Mi abuelo Abelardo Rojas Cáceres y mi tío Juan Domingo, recorrieron distintas dependencias policiales y campamentos militares, preguntado si alguien sabía algo sobre la desaparición de mi padre, pero nunca recibieron una respuesta”, señaló Ángel Abelardo (h).

El 13 de abril el cuerpo sin vida de Ángel Abelardo Rojas (p) fue encontrado en un paraje camino al Dique Pueblo Viejo. “Ese día escuché desde la casa de mis abuelos paternos, donde vivía desde la desaparición de mi padre, pasar una ambulancia y patrullas policiales hacía el oeste. Unas horas después fueron a la casa a pedirle a mi abuelo que identifique un cadáver. Se trataba de mi padre. El acta de defunción señala como causa de muerte shock traumático por herida de bala”, recordó el testigo.

Tiempo después, el 24 junio del 75, los militares volvieron para llevarse a los abuelos de Ángel Abelardo. Abelardo Rojas de Cáceres y Carlina Albornoz de Rojas fueron secuestrados de su domicilio a la madrugada. “Escuchamos con mi tío que golpeaban la puerta con violencia desde la habitación. Dos hombres encapuchados, vestidos con ropas oscuras y armados. Nos obligaron a ponernos boca abajo en el piso. Se escuchó que un vehículo se alejaba y dos disparos de armas de fuego. No volvimos a ver a los abuelos”.

La barrera del pudor

• por Tina Gardella para el Diario del Juicio

PH Elena Nicolay

-“Ay mi Dios, las cosas horribles que me han hecho, que no me quiero ni acordar”… dice la testigo que pidió protocolo, cuando se le pidió que relate acerca de su cautiverio. Y cuando todos nos disponíamos a escuchar las atrocidades sobre su propio cuerpo –que sí las hubieron porque por eso pidió protocolo-, dice: “Me han hecho ver a mi padre desnudo… todo desnudo y torturado delante de mí… yo le decía que sus hijos, mis hermanos, trabajaban en Arcor, no en la guerrilla, pero ahí nomás me dieron un golpe. La única vez que me sacaron la venda, fue para que vea a mi padre desnudo”.

Elvira es enfermera. De trato con la vida y la muerte como marca profesional, relata la detención de su marido, la aparición del cadáver acribillado de su pareja en un banco de la plaza Independencia y los seguimientos y controles de los que era efecto. Y se desarma cuando recuerda su propia detención junto a su pequeño hijo y las torturas a las que fue sometida atada de pies y de manos, con el cuerpo extendido como en una cruz. Aclara que dirá algo por primera vez; y dice: “por vergüenza no dije en mis anteriores declaraciones que me pasaban la picana por la vagina. Por vergüenza. Es la primera vez que lo puedo decir”…

Por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura, atestigua Elena. Cuando logra ver a su hermano secuestrado en la Jefatura y en calamitosa situación, éste le ruega que le pida al “Tuerto Albornoz” que “haga algo”. Eran vecinos. Como Elena estaba también en la “lista” de próximos operativos, se va a Buenos Aires con su pequeña hija a vivir como “parias” de la ayuda de las parroquias… y dice: “mi familia quedó destrozada. Y yo, tanto era el terror que tenía, que cuando veía un patrullero… (silencio)… me da vergüenza decirlo, me hacía pis encima”…

Margarita Cruz, la obstinación de la memoria y la batalla por la identidad

• por Valeria Totongi para el Diario del Juicio

Margarita Cruz, testigo sobreviviente del campo de concentración "Escuelita de Famaillá" - 15 de Septiembre de 2016

PH Elena Nicolay

”Yo soy Margarita Fátima Cruz. Mi número de documento es 11.476.359. Yo soy Margarita Fátima Cruz. Mi número de documento es 11.476.359”, cientos, miles de veces, en voz alta, en la oscuridad. Aferrarse a unas pocas palabras, a la hilacha de una idea, es a veces lo que permite mantener la cabeza sobre los hombros, aún en el peor de los infiernos. La obstinación por defender su propia identidad, por no convertirse en el número que le habían asignado en el centro clandestino de detención fue la tabla con que se mantuvo a flote en el encierro, ante el miedo por su vida y la de su hijo, el horror del abuso, el dolor por la tortura.

“En ese lugar tremendo no quise olvidar mi nombre, que es mi identidad, ni mi número de documento, que representa mi ciudadanía”, le dice al Tribunal Oral Federal cuando recuerda sus días como detenida desaparecida en la Escuelita de Famaillá. El suyo es un testimonio fundamental para comprender cómo actuaron las fuerzas represivas sobre las mujeres militantes, y las secuelas que dejaron en las víctimas del terrorismo de Estado. Esos crímenes, cometidos durante el Operativo Independencia, entre 1975 y 1976, se juzgan desde el 5 de mayo, en Tucumán.

A lo largo de más de tres horas de testimonio Marga pinta con voz dulce, pero firme, la sucesión de hechos que marcaron su vida para siempre, las sensaciones que fueron quedando y cómo hizo para poder llegar, 41 años después, a sentarse en la misma sala que los genocidas y a contar su historia. “No vengo a victimizarme. No busco venganza. Vengo a decir que nosotros no somos iguales que ellos, nosotros no hubiéramos jamás hecho lo que ellos hicieron. Nosotros teníamos otra mirada del mundo”, sostiene con el orgullo de quien libra una batalla. “Y no quiero morirme sin contar la verdad”, reafirma.

Crónica viernes 9 de Septiembre: "Hoy ésto se sabe porque algunos sobrevivimos y podemos contarlo"

• por Sofía Romera Zanoli para el Diario del Juicio

Los imputados (de der. a izq.) Orce, Albornoz, Svendsen, Cuestas, Vila, Jodar y Moreno escuchando a los sobrevivientes

PH Elena Nicolay

Justo Herrera tenía 20 años, trabajaba en Obras Sanitaria de la Nación, estaba cursando 3º año de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y era militante de la Juventud Peronista cuando fue secuestrado el 1 de agosto de 1975, de la casa donde vivía con su abuela, su madre, sus hermanos, su pequeño hijo de 9 meses de edad y su esposa María Elena Saavedra, que en esos momentos estaba embarazada.

“Recuerdo el día que se lo llevaron. Eran las 2 am. Un grupo de 11 personas que se identificaron como parte del Ejército Argentino, entraron por el techo y por un pasillo de la casa, rompieron la puerta. Tenían armas. Algunos estaban encapuchados y otros con la cara descubierta. Cortaron las luces de las calles” relató María Elena Saavedra, primera testigo que prestó declaración el viernes, ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que lleva adelante el megajuicio Operativo Independencia.

“Le pidieron a Justo que se vista, le vendaron los ojos, lo esposaron y se lo llevaron. Ese día me quedé sin un esposo y sin un compañero”. El último pedido que Justo le hizo a su esposa fue que cuide a los chicos, porque ese día, ese momento, fue la última vez que ella lo vio.

Tiempo después, Ramón Ceballos, un joven médico del Hospital Militar, le contó a la familia que el cuerpo fusilado del Justo “fue sacado de la Escuelita de Famaillá y llevado al Comando de la Vº Brigada de Infantería para que le pusieran ropa de extremista”, recordó María Elena.

Crónica Jueves 8 de septiembre: el plan sistemático de exterminio

• por Ana Melnik para el Diario del Juicio

CCD "Escuelita de Famaillá", actualmente Espacio de Memoria

PH Luciana Cerimele

A medida que se suceden las audiencias en el juicio por el Operativo Independencia, se revelan más detalles de los espantosos crímenes que se cometieron en esa sucursal del infierno que fue la Escuelita de Famaillá entre 1975 y 1976. La enumeración de los delitos sexuales, contra víctimas completamente indefensas y aterrorizadas, muestra que este tipo de tormentos no fueron una más de las torturas a las que eran sometidas, sino que constituyeron una práctica sistemática destinada a quebrar la voluntad de las secuestradas.

El jueves 15 de septiembre, una de esas víctimas declaró ante el Tribunal Oral Federal como testigo de identidad reservada. Contó que, en mayo de 1975 fue detenida en su casa, y la “razón” que le dieron los secuestradores fue que querían saber sobre su tío, un conocido dirigente azucarero. Por entonces, ella tenía 17 años.

El Operativo Independencia no se limitó a perseguir, secuestrar y desaparecer militantes y dirigentes políticos, sino también a sus familiares que, en muchos casos, desconocían las actividades que formaban parte de la militancia de la persona allegada por la que eran sometidos a la tortura.

El impacto, a nivel colectivo, de este tipo de secuestros tenía tal eficacia, sobre todo en el interior de la provincia, que las fuerzas armadas los perpetraron sistemáticamente durante el Operativo.

Payasada

• por Diario del Juicio

¿Qué clase de persona llega a burlarse de alguien que acaba de contar que ha sido violada?

¿Qué clase de ser humano concilia profundas convicciones católicas -al menos eso parece, a juzgar por la imponente imagen de una Virgen que acaricia con pasión digna de mejor causa- con las risas ante el relato de terribles tormentos?

¿Qué pensarán esas mujeres -las mismas que dicen defender 'la familia' y ser 'pro vida'- mientras se ponen una nariz de payaso al mismo tiempo que escuchan cómo el hijo de una ex detenida desaparecida enumera los padecimientos que tuvo que pasar para poder volver a tener una vida normal, sin terror a ser secuestrado?

Narices de payaso salieron a la luz esta tarde en la sala del Tribunal Oral Federal. Un grupo de mujeres, sentadas en el sector que corresponde a familiares y allegados a los imputados, se colocaron las narices, primero como collar, después como orejera (del lado derecho, para que las vean desde las butacas de los familiares de las víctimas) y finalmente, ante la mirada impasible del tribunal, como vincha, para que quede bien claro que no estaban tratando de esconderlo, mientras hacían gestos y se reían.

Luego de un rato de intentar convertir el tribunal en un circo, y de no lograrlo, se fueron sin que nadie les llame la atención. Antes de salir, se pusieron las narices y se fueron lo más campantes. Desde la vereda, se reían a carcajadas y hacían gestos a través del vidrio.

Adentro, en la sala, el hijo de una ex detenida desaparecida, miraba a los ojos a los imputados y les decía: "ustedes se van a morir presos; ya no tienen nada que perder; digan dónde están los niños que se robaron".

"Los imputados tienen derechos, saben que nadie los va a torturar para saber dónde está el cuerpo de mi papá"

• por Valeria Totongi para el Diario del Juicio

PH Franco Vera

Juan Carlos Chaparro era santiagueño, le gustaba cantar y tocaba el bombo. En junio de 1975, cuando lo secuestró una patota al mando de Roberto Albornoz, tenía 24 años, estaba casado y tenía un hijo pequeño. Era empleado de YPF y estaba trabajando en un pozo petrolero en Ovando, Salta, cuando lo fue a buscar un grupo que se presentó como de la Policía Federal, y ya nunca se supo más sobre él.

El jueves 8 de septiembre declararon su esposa, María Darmanin, su hijo, Sebastián y su hermana, María Emilia ante el Tribunal Oral Federal, en el juicio que se sigue por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia, el del terrorismo de Estado en la Argentina.

Darmanin de Chaparro, profesora de Historia y Ciencias Políticas, relató cómo su vida cambió de la noche a la mañana, tras el secuestro de su esposo. El miedo, la persecución, la separación de su hijo bebé, la falta de noticias y el esperar, siempre esperar que Juan Carlos volviera.

"Éramos una familia feliz hasta que nos partieron por la mitad. Desde el día en que secuestraron a mi hermano, nada volvió a ser igual", explicó Emilia Chaparro cuando le tocó declarar.

Tragedia colectiva

• por Tina Gardella para el Diario del Juicio

PH H.I.J.O.S. Tucumán

En su completa, minuciosa y sentida declaración, Raquel Zurita dio cuenta de cómo y por qué las marcas del terrorismo de estado se difuminaron por toda la sociedad.

Desplegado en su regazo  el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo que era de su madre, atestiguó el viernes 9 en relación al secuestro y desaparición de sus hermanos Juan y María Rosa. Pero no fueron estos hechos traumáticos lo que centraron su exposición. Sino el derrotero por el que transitaron, con su madre a la cabeza, para saber de la suerte de sus hermanos.

En ese derrotero fueron palpando no sólo la crueldad de las respuestas que recibían (“a Juan lo fusilaron en la Escuelita de Famaillá y le cortaron una mano” o el típico “no los busquen más que están muertos”), sino también las consecuencias que tenía toda búsqueda sobre la suerte de los seres queridos.

Por un lado, las consecuencias tremendas de poder sufrir el escarmiento por atreverse a preguntar, a indagar, a no cansarse de ir a la Jefatura, a pedir datos a un supuesto informante de la Side, al cementerio…

Por otro, las consecuencias de asistir a la configuración de una sociedad que veía, escuchaba y también temblaba y se aterrorizaba por la convivencia con el espanto cotidiano.

Crónica del viernes 2 de septiembre: Números, vendas y paquetes

• por Fabiana Graciela Cruz, Hugo Hernán Diaz y Sofía Romera Zanoli para el Diario del Juicio

"estas son las vendas con las que lo tenían a mi hermano, 40 años las he guardado", Juana Dolores Paz
ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán

PH Diario del Juicio Tucumán

Roque Antonio Pérez y Ricardo Gustavo Pérez, fueron los primeros testigos en declarar ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán que lleva adelante el Megajuicio Operativo Independencia, que juzga a 19 ex miembro de la fuerzas armadas  por la comisión de delitos de lesa humanidad  cometidos en perjuicio de 271 víctimas, desde febrero de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976.

Roque y Ricardo, son dos hermanos oriundos de Río Colorado. Durante el 10 de Julio de 1975 fueron detenidos por las fuerzas armadas en esa misma localidad sin orden de allanamiento. Ambos contaron al tribunal  que fueron trasladados  a la comisaría del pueblo, allí les vendaron los ojos y les ataron las manos. Luego se los llevaron a la Escuelita de Famaillá, en donde recibieron torturas físicas y psicológicas. “Dormíamos en el  piso con una manta y nos daban de comer una vez al día. Nos ponían en filas y nos hacían creer que íbamos a ser fusilados”, recordó Roque Antonio.

A los dos hermanos se les interrogaba por Julio Brito, un vecino del lugar quien se encontraba desaparecido (y aun continua en esta situación). A Roque tras cuatro días de cautiverio  lo liberaron con los ojos vendados dejándolo en la ruta, cerca de la entrada de Famaillá; mientras que a Ricardo lo dejaron en una estación de servicio luego de ocho días.

Crónica Jueves 1 de Septiembre: La familia Abad, Juan Nicolás Coronel, Segundo Porven y Oscar Guidi

• por Exequiel Arias para el Diario del Juicio

PH Archivo Operativo Independencia - Gentileza Archivo Nacional de la Memoria

Los pequeños hermanos Abad quedaron solos por meses cuando secuestraron a sus padres

Silvia Eusebia Abad tenía 6 años cuando se llevaron a sus padres y a uno de sus hermanos, en marzo de 1975. Ricardo Abad vivía con su familia -su esposa, Asunción Dolores Albarracín y sus hijos- en Santa Lucía, departamento Monteros. Abad tendría 54 años aproximadamente y no tenía ningún tipo de militancia política, le relata su hija al tribunal integrado por Gabriel Casas, Juan Carlos Jiménez Montilla y Carlos Reynaga.

Silvia y su familia vivían a pocas cuadras de la base militar que se había instalado en el ex ingenio Santa Lucía, a donde creían que había sido llevado Abad, a Asunción y a su hermano Raimundo, quien habría tenido 15 años en ese momento. Raimundo estuvo detenido una semana, aproximadamente, pero los padres se ausentaron por mucho tiempo.

Durante ese tiempo, los pequeños Abad estuvieron solos. Eventualmente, un militar de apellido Ausile se acercaba al domicilio para darles de comer o para asegurarse de que los vecinos les llevaran comida.

Nadie se quería acercar a ellos por miedo a represalias por parte de las fuerzas armadas. El menor tendría 6 meses.

Un viejo comunista que tuvo que reconocer el cadáver destrozado de su camarada

• por Ana Melnik para el Diario del Juicio

Diego Patricio "el Ruso" Fernández dando testimonio por el asesinato de su padre Diego Zoilo Fernández

PH Paloma Cortéz Ayusa

Hector Hugo Assaf, hacia 1975, era obrero ferroviario. Por entonces tenía una intensa actividad política y sindical. Militaba en el Partido Comunista y vivía junto a su familia en Tafí Viejo. Era, además, el presidente del Club Atlético Villa Mitre (que organizaba –y organiza- el Festival Nacional del Limón). Prestó declaración como testigo por la desaparición y muerte de Diego Zoilo Fernández. La fiscalía comienza preguntándole si sabía si Fernández había sido víctima de persecución, de hostigamiento, previamente a su secuestro. “Persecución sufríamos todos los que teníamos ideas progresistas”, por entonces, recuerda, ya podía percibirse la instauración de un sistema de persecución masiva.

Las particulares circunstancias del asesinato de Fernández, en mayo del 75, lo condujeron a la terrible situación de tener que reconocer el cadáver de su amigo en la morgue de un cementerio de Río Colorado. Relata al tribunal que ante el secuestro de Fernández, producido el 10 de mayo a medianoche, su esposa, Olga, recurrió a él. Junto a ella empezaron a buscarlo esa misma noche.

Fueron a todas las comisarías de la zona, consultaron con la policía, con miembros de la iglesia para que intercedieran, sin obtener ninguna respuesta.

Pasaron unos días, hasta que el domingo siguiente salió un artículo en “La Gaceta,” que se refería al hallazgo por parte de la policía de tres cadáveres cerca de Famaillá. Se trataba de muertos en un “enfrentamiento”. Assaf y Olga, ante la sospecha de que entre los muertos podía estar Diego, fueron a la comisaría de Famaillá, frente a la plaza principal del pueblo.

Jueves 1 de septiembre: Noche de neblina

• por Javier Sadir de La Palta para el Diario del Juicio

Ese domingo se durmieron profundo. Para Plácida y Argentino era agotador trabajar en la cosecha. La empresa citrícola San Miguel les pagaba de acuerdo a la cantidad de limones que recolectaban y no podían llegar con pocos al final de la quincena teniendo cuatro hijos. Ese domingo se durmieron con la intención de arrancar el lunes con el trabajo duro. Pero el sonido de la puerta y la voz de la policía los despertó. Atolondrados. Entre el sueño, la pesadilla y la realidad. Así se levantaron de la cama los esposos que vivían en la calle San Juan, prolongación La Picada, de la localidad de Tafí Viejo.

- ¡Abran, es la policía!

La familia Roldán vivía en una casa esquina sobre un terreno grande. Allí cayó la policía aquella noche. La última noche que Plácida vio a su marido con vida, cuando lo despertó del sueño para avisarle.

- ¡Buscamos a Américo! ¡Que salga Américo!

- Aquí no vive ningún Américo- contestó Plácida.

Forzaron la puerta y entraron. Era una casa pequeña donde vivían los seis. La única casa en un amplio terreno rodeado de fincas.

- ¡Apágue la luz!- les ordenaron -Venga, Roldán. Le queremos hacer una pregunta a usted.

Argentino Roldán obedeció. Plácida quiso seguirlo, pero se lo impidieron. Solo alcanzó a ver que la gente que lo buscaba tenía uniforme militar.

- Usted, señora, quédese aquí y apague la luz- le dijeron –le hacemos unas preguntas a su marido y ya vuelve.

- Pero…

- Quédese tranquila, señora, que ya vuelve...

Ledesma Padilla

• por Ana Melnik para el Diario del Juicio

El médico que hizo la autopsia a Argentino Roldán, Diego Zoilo Fernández y Carlos Espinoza reconoció que fueron ejecutados

Carlos Julio Padilla Ledesma era médico policial en 1975. Fue él quien realizó las autopsias a los cuerpos de Argentino Roldán, Diego Zoilo Fernández y Carlos Espinoza, encontrados en Río Colorado. En el archivo del Instituto de Medicina Legal y Criminalística de la Policía de Tucumán se encuentra consignado el documento correspondiente a dichas autopsias.

Un documento del 20 de mayo de 1975, en el que figura la firma de Ledesma Padilla, aclara que los cuerpos fueron encontrados el 12 de mayo, y detalla las autopsias, aunque en un primer momento el médico policial dijo que no recordaba haber firmado ese instrumento.

Las tres víctimas sufrieron una muerte por shock traumático producido por heridas de arma de fuego. La autopsia que se hizo al cuerpo de Roldán demuestra que recibió un disparo en la cabeza, por la espalda, de izquierda a derecha, realizado a más de 30 centímetros de distancia, mientras estaba atado (tenía aún las marcas de las sogas en las muñecas).

A Fernández y Espinosa les dispararon de frente. En base al documento de las autopsias, tanto la fiscalía como la defensa consultaron a Ledesma Padilla sobre la posible escena de la muerte como las armas de fuego utilizadas. Luego de aclarar que la lectura que puede hacerse hoy de la autopsia es una interpretación, Ledesma Padilla consideró que las características de las heridas de las víctimas serían compatibles con la situación de una ejecución.

Fernández tenía orificios redondos en el cuerpo, en algunos casos con el proyectil adentro del cuerpo, fracturas en los miembros inferiores y superiores, y mucha sangre en las cavidades de abdomen.

La autopsia a Espinoza se realizó el 15 de mayo de 1975. El cuerpo había sido hallado el 12.Tenía una herida en el cráneo, impactos de arma de fuego en el tórax y lesiones en el corazón, en el abdomen y en los pulmones.

Ledesma admitió que las lesiones fueron producidas por un arma potente, y que -en algunos casos- los impactos de bala -de un calibre entre 10 y 11.5- pueden haber producido las fracturas. Las armas que usaba la policía en esa época disparaban balas de calibre 11.5. “La escena, hasta donde es posible imaginarse -dijo el médico- es compatible con una ejecución”.

El homicidio de Rafael Fagalde, un defensor de presos políticos

• por Valeria Totongi para el Diario del Juicio

La hija del abogado penalista, asesinado con 45 balazos y arrojado al basural de Los Vázquez, exigió a los jueces que esclarezcan el caso.

El recorte de una noticia publicada en un diario, hallado en el fondo de un cajón que no debería haber estado revisando, le cambió la vida a Florencia Fagalde. Tenía 9 años y poco tiempo antes, le habían contado que su papá, Rafael Dionisio Fagalde, había muerto en un accidente. El recorte consignaba que, lejos de haber sufrido un accidente, a Fagalde lo acribillaron a balazos y que su cuerpo había sido encontrado en el basural de Los Vázquez, con 45 disparos en el cuerpo, junto a otras dos personas. “Mi vida no volvió a ser la misma”, contó Florencia ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, donde se sustancia el juicio por crímenes cometidos en Tucumán, durante el Operativo Independencia.

Corría 1975 y -el 30 de junio- Fagalde, abogado que defendía presos políticos, habló por teléfono a su casa para avisar que saldría de su estudio, en la zona de Tribunales, y pasaría por  “Pepe” (frente a Plaza Yrigoyen) y de ahí iría a casa. Nunca llegó al departamento de Chacabuco primera cuadra, donde lo esperaban su esposa, Sara Dardic y sus dos hijos.

“A la mañana siguiente, llegaron dos personas a casa y mi mamá nos sentó a mi hermano y a mí, para contarnos que nuestro padre había tenido un accidente. Pero él había sido asesinado con 45 disparos”, relató. Según pudo saber después, Fagalde salió de su estudio y compró los sándwiches, lo vieron caminando por Chacabuco hacia el departamento, pero nunca llegó. Al día siguiente, alguien llamó por teléfono a su tía para avisarle del hallazgo de tres cuerpos en Los Vázquez.

Ya antes habían recibido amenazas telefónicas en la casa familiar, y habían aparecido afiches distribuidos en toda la provincia, en los que estaban impresas las caras de personas a las que se acusaba de ser militantes del ERP, entre ellos estaba Rafael Fagalde. “Mi padre era abogado penalista, muy respetado, defendía presos políticos- insistió Florencia-. Mi madre reconoció el cuerpo y se lo veló a cajón cerrado, de tan mal que estaba”. El acta de defunción estaba firmada por el médico de la policía forense, Federico Ruiz Huidobro.

La denuncia de este asesinato político quedó consignada en el informe de la Comisión Bicameral de Tucumán, en la Conadep y el caso figura en el libro “Nunca      Más”.

“En nombre de mi papá, de mi madre y de mis hijas, les pido, les exijo, que se haga justicia”, fueron sus últimas palabras ante los jueces.

Quebrado, con cicatrices en todo el cuerpo y mordeduras de perro

• por Sofía Romera Zanoli para el Diario del Juicio

Emilia del Valle González tenía 9 años, en marzo de 1975, cuando su padre Pedro Ángel González fue secuestrado por las fuerzas de seguridad de la casa familiar en San José de Flores, a 9 kilómetros de Acheral.

“Era de noche, personas vestidas de verde tiraron la puerta abajo, nos apuntaron a mi madre, a mis hermanos y a mí con un arma. A mi padre lo golpearon le vendaron los ojos, le ataron las manos y se lo llevaron” detalló Emilia, tercera testigo en prestar declaración ante los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.

Pedro Ángel Gonzalez fue llevado a una base militar de Río Colorado y luego trasladado al centro clandestino de detención “La Escuelita”, en Famaillá donde permaneció siete meses en condiciones infrahumanas, hasta que lo liberaron el 13 de noviembre de 1975 a la vera de la ruta 38.

“No lo volvimos a ver hasta que lo soltaron. Mi madre y sus hermanos lo buscaron por todas partes pero le decían que no sabían nada. Cuando volvió estaba destrozado, tenía cicatrices por todas partes del cuerpo a causa de las torturas”, recordó la testigo.

A continuación declaró Emilio Molina, cuñado de la víctima, quien sostuvo que Pedro Ángel volvió desfigurado, producto de los golpes, a tal punto que le resultó difícil reconocerlo.”No podía mover un brazo y tenía uno de los pómulos quebrados. Él nos contó que lo hicieron morder por perros para que diga dónde estaban los extremistas”, contó.

Pedro Ángel, como muchos de los secuestrados y torturados por las fuerzas que accionaban en el Operativo Independencia no pudo recibir atención médica luego de su liberación ya que sus captores amenazaron con matar a su familia si lo hacía, señaló Lidia Rosa Molina, otras de sus familiares que declaró en el juicio que se lleva adelante por los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia, en Tucumán, entre 1975 y 1976.

El desmantelamiento de la lucha obrera: las víctimas del Ingenio San Juan

• por Ana Melnik para el Diario del Juicio

Ingenio San Juan

PH tomada del Portal Caña

Armando Neris Basualdo comenzó a trabajar en el Ingenio San Juan en 1957. Hacia 1975 era dirigente gremial del ingenio e integraba la comisión directiva de la FOTIA.

El 11 de marzo de 1975, a las 3 de la mañana, irrumpieron en su vivienda un grupo de policías de la federal. Ante el exabrupto de los uniformados, no pudo quedarse callado, relata al tribunal que empezó a preguntarles cuál era la razón por la que irrumpían así en su casa, sin respetar su hogar, su familia, su intimidad. Sin responderle, le ordenaron vestirse y lo encapucharon. Antes de que fuese conducido fuera de su casa, pudo pedirle a su esposa que buscase al Dr. Carlos Javier Aguirre, su abogado, y le contase lo que estaba pasando.

Para las fuerzas de seguridad, él definitivamente era un líder. Cuenta que muchas veces se sintió culpable, los trabajadores lo querían y lo seguían mucho, y muchos de ellos, que incluso no tenían una participación política tan comprometida, tuvieron que pagar las consecuencias por el simple hecho de apoyar las causas que defendía el sindicato, por asistir a las asambleas. Durante el tiempo que desempeñó su actividad gremial, los trabajadores, afirma, “defendíamos un derecho, que la fábrica siga moliendo”. El cierre del ingenio, tras la terrible crisis del sector azucarero de fines de los 60, era una gran posibilidad. Su lucha consistía, fundamentalmente, en intentar preservar su fuente de trabajo, “ese fue el único “error” que cometimos, si es que esa fue la razón por la que nos secuestraron”. Él mismo se entrevistó con Onganía, durante una visita de éste a Tucumán en pleno cierre masivo de los ingenios, reclamando ayuda para evitar el del San Juan. Finalmente, en el 72, los representantes del sindicato se reunieron con Lanusse en Salta, donde les informó el inminente traspaso del ingenio a manos de la administración estatal, mediante la creación de la CONASA (Compañía Nacional Azucarera S.A.). El ingenio sería administrado de ahí en más por un directorio. Posteriormente el San Juan vivió una situación más difícil, era el centro de operativos de las fuerzas armadas, desde donde intervenían los demás ingenios.

"Los únicos terroristas son los que usaron las armas de la Patria en contra del pueblo"

• por Marcos Nahuel Escobar para el Diario del Juicio

Andina Lizárraga frente al Tribunal Oral de Tucumán
PH Fernanda Rotondo

El testimonio de Andina Lizárraga, un viejo militante peronista, que participó del Tucumanazo.

“Si gritar por justicia es violencia… es como si lo acusara a San Martín de ser terrorista por rebelarse contra el Virrey. Nosotros defendíamos nuestros derechos constitucionales. Los únicos terroristas son los que usaron las armas que les dio la patria en contra del pueblo. Ellos son los verdaderos subversivos”. El testigo Héctor Hugo Andina Lizárraga, el tercero en declarar frente al Tribunal Oral Federal de Tucumán el 18 de agosto, contestó con firmeza cuando el defensor particular Mario Leiva Haro, le preguntó si había participado del Tucumanazo y de la “construcción de barricadas”, hechos de los cuales Andina Lizárraga, por otro lado, se enorgullece. “Claro que hacíamos barricadas, si hasta nombre les poníamos”, respondió, con sorna.

A la pregunta de si fue parte de la “Coordinadora Obrero Estudiantil”, el testigo respondió: “se llamaba Comisión, no Coordinadora, y sí, yo estaba por FOTIA. La parte estudiantil se integró a través de la movilización y la acción política.”

El testigo fue convocado al Tribunal Oral Federal para que declarara sobre los hechos que lo perjudicaron en el año 1975. Según su relato, las fuerzas represivas entraron a su casa varias veces. La primera vez, fue la Policía Federal la que realizó un operativo durante el cual revisaron todo y se fueron.

Crónica viernes 19 de agosto: secuestrados mientras dormían

• por Erika Leiva, Fabiana Cruz y Hugo Díaz para el Diario del Juicio

Los imputados, de derecha a izquierda, José Ernesto Cuestas (tapándose la cara), Julio Cesar Meroi y Manuel Rubén Avila.

PH Elena Nicolay

Esta semana se reanudan las audiencias en las que se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos durante el periodo conocido como Operativo Independencia. El jueves 1 de septiembre, la sala del Tribunal Oral Federal (TOF) volverá a ser el escenario donde se reconstruya lo ocurrido hace más de 40 años. Cada declaración, cada testimonio se sumará al entramado de eso que, todavía, espera por justicia.

A lo largo de 22 jornadas pasaron ya más de un centenar de testigos. El viernes 19 de agosto fue la última audiencia que se sustanció en el edificio de calles Chacabuco y Crisóstomo Álvarez. Allí el pedido de justicia sumó siete nuevas voces. Los primeros en declarar lo hicieron por los secuestros de Barbeito Ysidoro Ferreiro, Juan Jesús Ríos, Pastor Dante Campos y Zenaida Victoria Brito. De este grupo de víctimas, Zenaida fue la única que recuperó su libertad.

Más allá de las descripciones que hizo cada testigo sobre lo sucedido, lo que vieron en determinados casos; todos los dichos tuvieron un pequeño punto de encuentro, tal vez no tan significantes para algunos pero sí para otros. Son esos detalles los que no se borraron de ninguna de las memorias de los testigos. Recuerdos que sobrevivieron a pesar del tiempo, de las amenazas y los miedos sufridos: “Estaban vestidos de verdes, y con armas”, coincidieron los testimonios. “Entraron y se los llevaron de la casa”, advirtieron dejando claro que no hubo un campo de batalla.  Estas frases se convirtieron en icono del terror vivido en carne propia por miles de argentinos, familias enteras con la marca del terrorismo de Estado durante la década del 70.